LA
CNDH DIO UN PLAZO DE 10 AL GOBERNADOR
ROBERTO BORGE ANGULO PARA QUE EXPLIQUE SU
NEGATIVA A LA RECOMENDACIÓN
Información
/ Proceso
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis
Raúl González Pérez, emplazó al gobernador Roberto Borge Angulo y al presidente
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial (CJ) del estado, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, a que hagan
pública su negativa a cumplir la recomendación por abusos contra el periodista
y activista maya, Pedro Canché Herrera.
El
ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dio un plazo de 10 “días
naturales” a Borge Angulo y Villanueva Rivero para que publiquen en un diario
de circulación nacional y otro de circulación estatal su respuesta de no
aceptación de la Recomendación 13/2015, emitida por la CNDH el pasado 6 de
mayo.
Y
precisó:
“El
presidente de la CNDH solicitó al gobernador de Quintana Roo y al presidente
del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, que en un plazo máximo de 10
días naturales, contados a partir del día siguiente de la notificación del
oficio respectivo, publiquen en un diario de mayor circulación de ese estado,
así como en uno también de mayor circulación a nivel nacional, la respuesta de
no aceptación de la Recomendación y hagan llegar a la brevedad a este organismo
nacional las pruebas que lo acrediten”.
El
pasado 11 de mayo, la CNDH dio a conocer el contenido de la Recomendación
13/2015, dirigida a Borge Angulo y el magistrado Villanueva Rivero, así como a
los integrantes del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, por violaciones a
la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal
cometidas en agravio del comunicador maya Pedro Canché.
La CNDH
insistió hoy que Pedro Canché estuvo en prisión durante nueve meses, del 30
agosto 2014 al 29 de mayo 2015, “sin que se le acreditara el delito que le
imputaron”.
González
Pérez refirió que ya recibió oficios del gobernador y del magistrado en que
responde la “no aceptación” a la recomendación emitida por la CNDH.
Sin
embargo, acotó que ambos servidores públicos no fundamentaron su negativa, tal
como lo ordenan artículos 102, apartado B, párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, fracciones I y III, así como 46,
párrafo tercero, inciso a), de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Y
precisó:
“La
autoridad o servidor público que no acepte una recomendación deberá fundar,
motivar y hacer pública su negativa, es decir, deberá hacer del conocimiento
público las razones y fundamentos jurídicos que justifiquen dicha negativa”.
En
sendos oficios enviados al gobernador y al magistrado Villanueva Rivero,
González Pérez sostuvo que “el conocimiento público de la no aceptación, deriva
de la necesidad de que la sociedad conozca las razones que llevaron a una
determinada autoridad a no aceptar una Recomendación en la que se acreditan
violaciones a los derechos humanos”.
En el
comunicado de la CNDH se precisa que la negativa del gobernador Borge Angulo se
hizo mediante los oficios números 00274 y CJ/0294/2015, suscritos por el
licenciado Raúl Enrique Labastida Mendoza, consejero jurídico del Poder
Ejecutivo del estado de Quintana Roo; en tanto que el presidente del Poder
Judicial de esa entidad firmó dos oficios en fecha 1 de junio de 2015.
En menos
de una semana, por segunda ocasión, la CNDH le enmienda la plana a autoridades
de la entidad.
Apenas
el pasado 13 de julio, la CNDH emitió una recomendación –la número 17/2015– a
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cedhqroo), que preside
Harley Sosa Guillén, por omisiones en una investigación por violación a
derechos humanos contra nueve internos del Centro de Reinserción Social número
1.
El
organismo nacional ordenó al quintanarroense modificar su recomendación CDHEQR/016/2014/VG-II
y presentar una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia
(PGJ) de la entidad “para que investigue a las autoridades responsables”.
Esta
semana, también el Congreso del Estado resolverá la solicitud de Villanueva
Rivero, para reelegirse por otros seis años al frente del TSJ del estado.
