CANCÚN, Q. Roo.- El desarrollo turístico residencial Soto Lindo, de más de nueve mil 600 habitaciones, en la zona continental de Isla Mujeres, causará un daño irreversible a casi 70 especies de flora y fauna protegidas por la NOM059 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (Legeepa), y pese a las recomendaciones de grupos ambientalistas para detener los permisos de dicho desarrollo, Semarnat le dio entrada a esta inversión de más de mil 400 millones de dólares, en donde están involucrados Felipe Enríquez Hernández, candidato a alcalde en Monterrey y compadre del candidato del PRI-PVEM a la presidencia, Enrique Peña Nieto; el ex gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, y el empresario jalisciense Arturo Bojórquez León.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) interpuso el pasado 1 de junio de este año, una demanda de nulidad a los permisos del megaproyecto que colinda al este y norte con la Bahía de Mujeres, al oeste con la laguna Chacmuchuch, y al sur con la Angostura en la Zona Continental del Municipio de Isla Mujeres, ante la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no fundamentó las razones y motivos para dar dicha aprobación de acuerdo con la ley, es decir, tenía que justificar detalladamente los artículos de ley que respaldaban su decisión.
"No lo doy por perdido (el juicio), hemos visto resoluciones que nos sorprenden y cada día tenemos más autoridades en la parte judicial que tienen conocimiento de esto y creo que la demanda de nulidad será exitosa", afirmó Alejandra Serrano Pavón, la representante regional del Cemda.
De acuerdo con la información publicada por Reporte Índigo el pasado 30 de mayo, Felipe Enríquez Hernández, aspirante a la alcaldía de Monterrey, compadre del candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), Enrique Peña Nieto, y amigo cercano del candidato a senador por Quintana Roo, Félix González Canto. El ex gobernador priísta de Nuevo León, Natividad González Parás, y el empresario Arturo Bojórquez León, forman parte de una sociedad cuyo socio mayoritario es el grupo español Martinón, encargado del megaproyecto; Enríquez Hernández también es socio del proyecto Punta Piedra en Tulum.
El mismo reportaje explica que de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad de Nuevo León, se integran dos nuevos accionistas: Raíces Consultoría S.A. de C.V. y Consorcio GH S.A. de C.V., en el cual aparece Luis Francisco González Parás, hermano del ex gobernador Natividad González Parás, su hijo y su yerno; y en Raíces Consultoría aparece Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez, así como el empresario yucateco Arturo Millet.
Para la abogada ambiental los señalamientos de los medios sobre intereses políticos inmiscuidos en el megaproyecto pueden dar a la ciudadanía una idea del por qué se aprobó éste a pesar de las múltiples irregularidades, que sumadas a los costos ambientales que significa llevar a cabo la construcción de Soto Lindo, podrían inclinar la balanza a favor de la nulidad.
"Yo le apostaría a que el tribunal nos conceda la demanda porque hay demasiados costos ambientales que se ven claramente; y aunque a nosotros no nos consta ni nos compete esta parte, ha sido tan burdo cómo se les abrió brecha, que se ve cómo estos acercamientos políticos tienen que ver con recibir una autorización, y por ello, no les conviene por ahora moverlo, sobre todo por los ataques que ha recibido el proyecto no sólo en lo ambiental, sino los cuestionamientos de tenencia de la tierra y quiénes están invirtiendo", acotó.
Con respecto a lo ambiental y las irregularidades del proyecto, Serrano Pavón detalló que tanto la Semarnat como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han quedado en entredicho al aprobar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del megaproyecto, en noviembre de 2011, contraviniendo no sólo las propias leyes nacionales, sino también por lo menos dos tratados internacionales signados por México.
De hecho, en la relatoría que presenta la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) SGPA/DGIRA/DG/8459, se explica que se realizaron comentarios y observaciones al proyecto, enfocados a la no autorización del mismo, donde se destaca que contraviene lo establecido por el artículo 60TER de la Ley General de Vida Silvestre, se localizaron casi 70 especies de flora y fauna protegidas por la NOM 059 y hasta "modificación de la región hidrológica, hasta ahora catalogada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) como prioritaria", así como cinco denuncias por desmonte y remoción de manglar y duna costera sin autorización, entre otras anomalías; sin embargo, las autoridades otorgaron el permiso.
Pero no sólo en la obtención de permisos para llevar a cabo el megaproyecto se han encontrado anomalías, pues de acuerdo con los oficios SEDUMA/DGJ/2161/2002, que responden al amparo 1558/99 y el 002382 de la Secretaría de Gobierno del estado de Quintana Roo, fechado el 10 de junio de 2002, se notifica a Rosalío Sánchez León y Arturo Bojórquez León, que el Juzgado Segundo de Distrito en el estado les otorgaba el amparo sobre el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que determinaba en 1999 los límites del Área Natural Protegida (ANP), Sistema Lagunar Chacmuchuc; es decir, que sus predios ya no serían contemplados como parte del ANP.
"Parte del terreno que tiene (Arturo Bojórquez) era del ANP y como nadie defendió el decreto, esa parte se perdió; cómo es posible que el estado no litigue por una área natural protegida, que lo haya perdido; esa es parte de una serie de irregularidades y de actuaciones que no estamos dispuestos a seguir dejando pasar", acotó la representante del Cemda.
Además existen estudios que dejan en claro que cualquier relleno en la zona tendrá impacto sobre las ANPs, Isla Contoy y laguna de Chacmuchuc y las especies que en ellas habitan, entre aves, reptiles y mamíferos; así como en el agua, por la inyección de la salmuera del agua tratada que se utilizaría para el proyecto, mientras que los químicos que se deben utilizar para el campo de golf que forma parte del mismo, serían un riesgo para la población, ya que el tipo de suelo de la zona no permite la exposición mínima de 24 horas para su disipación, lo que significaría una alta probabilidad de contaminación del agua que consume la población.
El propio PDU de la zona continental de Isla Mujeres explica que "en resumen, en el municipio de Isla Mujeres, en la zona continental, se identificaron 12 especies de flora que están registradas en la NOM 059-ECOL-1994, con categorías de amenazadas, raras y bajo protección especial".
"Yo no veo cómo rescatar Soto Lindo, ante la vulnerabilidad que actualmente presenta el sitio; es más, no creo que exista tecnología que pueda hacer de esto un desarrollo sustentable", aseguró la representante de Cemda, ante las problemáticas ambientales ya existentes en la zona, que van desde pérdida de hasta 70% en algunos puntos de la playa y aparición constante de heces fecales en la playa, reportada por los vecinos, lo que significaría altos niveles de contaminación, entre otros.(Fuente. Brisa Muñoz/SIPSE)
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