LA
DELEGACIÓN estatal
de la Procuraduría General de la República, PGR, está congelada. La dependencia
encargada de hacer frente a la delincuencia organizada en Quintana Roo no opera
desde diciembre pasado debido a que 25 elementos y 10 agentes del ministerio
público federal, no aprobaron los exámenes de control y confianza del sistema
nacional de seguridad pública.
Por esta razón, es que la inoperancia ha
llegado a un grado superlativo, pues los trabajadores de la PGR en el estado
han decidido no sólo entregar la operatividad a la delincuencia organizada,
sino que además prefieren “esperar” a que llegue la línea de mando a nivel
central.
Con el caso de los 35 elementos de la PGR en
Quintana Roo, se confirma lo que a lo largo de los últimos seis años los
diarios POR ESTO! consignaron: La PGR era – y es – un despacho del crimen
organizado.
De acuerdo con fuentes oficiales de la
dependencia a nivel central, los exámenes de confianza la constante de
reprobación de los agentes, fue el detector de mentiras, donde ninguno pudo
pasar la prueba.
Cabe señalar que desde el 2007 se ha señalado
una y otra vez como la delegación de la PGR, en la entidad, sobre todo la
oficina ubicada en Cancún, sirvió como despacho del crimen organizado sin
ningún tapujo.
Principalmente, la PGR en el estado protegió
directamente al cártel de “Los Zetas” que tomaron la plaza por asalto y que a
la fecha intentan mantener el control de la misma, copando directamente las
corporaciones policíacas.
La protección se daba en dos vía con mayor
énfasis. La primera era la de llevar a cabo consignaciones a modo para que los
delincuentes que eran puestos a disposición del Ministerio Público Federal,
encontraran rápidamente su libertad ante el mal manejo de las acusaciones en su
contra.
La segunda era la de dar información e incluso
fungir como despacho de la delincuencia organizada, donde los agentes del
Ministerio Público se convertían en “abogados defensores” de narcos, al omitir
señalamientos.
Además, no se hacían investigaciones y a todo
se le daba “carpetazo” para no entrar en detalles y tratar de tapar la realidad
de violencia que se vive actualmente en el principal destino turístico del
país.
En teoría, la dependencia federal debería de
fungir como un filtro para controlar a la delincuencia, sin embargo, ha sido
todo lo contrario, ya que los grupos delictivos han encontrado en la PGR su
despacho jurídico y a uno de sus mejores aliados para acrecentar el clima de
violencia en Quintana Roo.
Por ello, existe una sentencia en el estado:
Inoperante y al servicio de la delincuencia organizada. Esos son los
calificativos que recibe la delegación estatal de la Procuraduría General de la
República en Quintana Roo, donde existe un rezago del 70 por ciento en cuanto a
resolución de casos relacionados con delitos federales en la entidad desde el
año 2007.
La cifra se desprende del control interno
realizado por la PGR a nivel central y donde se destaca que las delegaciones de
Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Quintana Roo son las dependencias con mayor
problemática en cuanto a procuración, cumplimiento y resolución de la ley se
refiere.
Por ejemplo, desde el 2007 a la fecha, más de
200 asesinatos relacionados con el crimen organizado no se han resuelto en
Quintana Roo, específicamente en Cancún y la Riviera Maya.
Este dato es significativo. Resulta que al
llevar a cabo la auditoría dentro de la dependencia federal y los controles
internos, se descubrió que expedientes no “aparecen”, mientras que otros no
recibieron seguimiento.
Esta situación no es privativa de la
delegación de la PGR en Quintana Roo, ya que existen 15 delegaciones – de las
32 en la República Mexicana – que están hundidas en la misma contrariedad.
De acuerdo al control interno hecho por la
PGR, a nivel central, la delegación de la dependencia federal en Quintana Roo
no sólo se ha puesto al servicio de la delincuencia organizada en los últimos
cinco años, sino que además es totalmente inoperante a diferencia de la
delegación de Yucatán – la cual se encuentra en los primeros sitios en cuanto a
obtención de resultados se refiere -, en el estado la procuraduría tiene un
rezago enorme, el principal es la falta de resolución de casos y consignación
de expedientes, ya que el Ministerio Público Federal – considerado como
despacho del crimen organizado -, no sustenta sus acusaciones de delitos
federales.
Esta situación ha originado que miembros de
las bandas delictivas de “Zetas” y “Pelones” queden en libertad después de ser
detenidos por militares, policía estatal y la Policía Judicial del Estado.
Un dato que ejemplifica lo anterior se da en
la consignación de casos. Del 100 por ciento de consignaciones realizadas por
la PGR desde el 2007 a la fecha, únicamente el 24 por ciento han procedido
legalmente. Lo anterior significa que Quintana Roo no cumple ni siquiera con la
media nacional de consignación favorable que es del 52 por ciento.
Por esta razón es que existen más de 200
asesinatos que han quedado impunes en los principales destinos turísticos del
estado, Cancún y Riviera Maya, debido a que no hay una resolución legal
favorable.
Si esto fuera poco, la PGR en Quintana Roo es
sinónimo de corrupción e impunidad, ya que no existe resultado alguno en el
combate a la delincuencia, pese a que los principales destinos turísticos de
México han comenzado a ser presa de las pugnas entre dos grupos delictivos.
En los hechos, Cancún y la Riviera Maya están
condenados a sufrir los embates de la inseguridad por la inoperancia,
ineficacia y sobre todo, la complicidad de la PGR en Quintana Roo. (Fuente: Por
Esto)
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