miércoles, 19 de junio de 2013

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Por: Romamy Miranda Gutiérrez 

Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!

Santiago Ramón y Cajal 

 


EL JUICIO POLÍTICO en México se ha convertido en herramienta de intimidación, descrédito y ataques entre la clase política nacional. Fue concebido como derecho ciudadano para exigir rendición de cuentas a los servidores públicos corruptos o ineptos, pero históricamente se ha quedado en el limbo. 

Desde 1982, se han presentado y esfumado cientos de denuncias de juicio político. En tres décadas solo prosperó  la del ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, acusado de desviar millones de dólares.  

Al salir del recinto legislativo Díaz Serrano, inmediatamente después del desafuero, le pidió al jefe de la Policía Judicial Federal Florentino Ventura ir a su casa para cambiarse de ropa. De su casa fue llevado a un reclusorio del Distrito Federal en calidad de detenido. Pasó 5 años en la cárcel, murió  en abril del 2011. 

Actualmente el juicio político es utilizado como instrumento de poder, solamente sirve para dar manotazos y someter. No busca la verdad: responde sólo a la lógica de la dominación, porque la élite gobernante quiere permanencia, impunidad, ser intocable y beneficiarse a sí misma. 

Muchas son las denuncias y nulas las sentencias condenatorias. Es un procedimiento creado a modo para que quienes detentan el poder evadan su responsabilidad. También sirve para expulsar traidores a los intereses de la élite. En concordancia con el abogado en materia Constitucional,  Elisur Arteaga Nava, el juicio político se basa en criterios estrictamente políticos. No busca la justicia ni castigar al culpable. 

El juicio político propuesto por los partidos de oposición PRD y PAN contra el  gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y el senador  Félix Arturo González Canto,  me parece genial. 

Es hora de que estos personajes,  respondan  por todas la malversaciones que ha hecho con el presupuesto del estado, y todo el abuso de poder que ha ejercido en función de su encargo público. Asesinatos, extorsiones, el robo,  los zetas, el tráfico, la imposición de candidatos; son muchos los temas que, tiene por responder. 

Hay que recordar  que el año pasado la ex diputada federal Alicia Ricalde Magaña  califico como un “distractor social”, el juicio político en contra de su hermano, el presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña

Sin embargo, ¿Qué puede suceder con un juicio político? Quizá nada, como usualmente pasa en este País, existen cerca de 35 solicitudes  que  duermen “el sueño de los justos” en el Congreso de la Unión. 

El juicio político se ubica en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el primer párrafo establece: “Se impondrán mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, y culmina”. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

El artículo 110 menciona a aquellos servidores públicos que pueden ser sujetos de juicio político. El 114 señala que “El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento”. 

Cualquier ciudadano puede denunciar a servidores públicos, pero con elementos probatorios. Formulada la denuncia ciudadana, corresponderá a la Cámara de Diputados abrir el procedimiento de juicio político, actuando como órgano acusador, y a la Cámara de Senadores como jurado de sentencia. Las sentencias políticas son inatacables: contra ellas no procederá recurso legal ni amparo. Este procedimiento implica intromisión del Poder Legislativo en los otros poderes, so pretexto del control democrático. 

Acusar implica enfrentarse al aparato del poder público. En un sistema de dominación como el mexicano, es inadmisible acusar a poderosos. Incluso, existe una amenaza legal: cualquier ciudadano podrá formular denuncia, pero “bajo su más estricta responsabilidad”.

México tiene la oportunidad de reivindicarse con los juicios políticos, evitar su histórica doble moral y dejar de tolerar la impunidad de la clase política…. ¡Upsss!
 

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